Introducción

El desempeño de nuestro trabajo en condiciones adecuadas de seguridad y salud es un derecho que nos reconoce la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), lo que supone un correlativo deber del Rector de garantizar que esas condiciones sean dadas.
La seguridad (ausencia de accidentes) y la salud(ausencia de enfermedades profesionales) en el trabajo puede ser garantizada de manera razonablemente aceptable, pues nunca podrá ser absoluta, mediante el estricto cumplimento de la Ley de PRL y la extensa normativa que la desarrolla.
En nuestra universidad a día de hoy, el grado de cumplimiento de la legislación en PRL es lamentablemente bajo, lo que resulta inconcebible después de 17 años de vigencia de la normativa básica en PRL, de modo que nuestra labor como delegados de prevención está centrada principalmente en exigir y vigilar que esas normas se cumplan. Aquí te iremos informando de nuestro trabajo, y de manera especial el que desarrollamos en el órgano específico de representación y discusión en materia de PRL como es el Comité de Seguridad y Salud.

8 de junio de 2017

La fiscalía archiva la denuncia contra el exrector Domènech y sus gerentes

Como podrás recordar en nuestra entrada en éste Blog de fecha 4/octubre/2016, el 30 de septiembre pasado presentamos ante la Fiscalía provincial denuncia contra el exrector D. Eduardo Domènech y sus gerentes D. Francisco Calero y D. Justo Artíles por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, debido al incumplimiento del art. 20 de la Ley de prevención de riesgos laborales que hace referencia  a las medidas de emergencia de las que deben dotarse los centros de trabajo para afrontar adecuadamente las posibles situaciones de peligro que pudieran requerir la evacuación del  lugar de trabajo.
La Fiscalía, después de abrir expediente y realizar diversas diligencias a lo largo de estos  meses, nos comunica que archiva el expediente al entender que de las diligencias realizadas no se deduce la existencia de ilícito penal.
Se archiva el caso a pesar de que se  constata, así lo  dice el decreto emitido por la fiscalía, como incuestionable la vulneración de normas de prevención de riesgos laborales en la Universidad de La Laguna. Sin querer entrar en un debate jurídico, para el que no nos sentimos competentes, no nos parece bueno para el presente y futuro de éstos derechos de los trabajadores la sensación de impunidad que puede generar este tipo de resoluciones de la fiscalía en los responsables de gestionar la empresa pública.
De todos modos, el fiscal le hace una seria advertencia a los responsables actuales sobre sus  obligaciones respecto a la normativa de autoprotección, recordándoles que la Inspección de Trabajo les ha fijado el 30 de junio de 2017 como plazo máximo para la implantación de los planes de emergencia y autoprotección en todos los Centros y la aprobación prioritaria por el Consejo de Gobierno del 'Plan General de Actuación de Emergencias'.
Estaremos atentos a ello.

Salud compañer@s.

22 de mayo de 2017

Nuestra salud como trabajadores está en manos de estas asociaciones de empresarios



Empleo exigió a las mutuas 142 millones por gastos irregulares de 2006 a 2011
Las entidades aducen diferencias de criterio con la Seguridad Social
Dietas no permitidas, pagos ilegales a colaboradores, despidos de trabajadores a punto de jubilarse, marisco, alquileres sin justificar… Estos son algunos de los conceptos por los que la Seguridad Social reclamó a las mutuas de accidentes laborales la devolución de 142,4 millones de euros de dinero público en seis años, según las resoluciones de la Seguridad Social entre 2006 y 2011, a las que ha tenido acceso EL PAÍS.
 Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social son, sobre el papel, asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro. Se encargan de la atención de los trabajadores accidentados y de las enfermedades profesionales, para lo que reciben el dinero que recauda la Seguridad Social en forma de cotizaciones. Entre las 20 mutuas existentes —hubo más que han ido fusionándose—, gestionan este año 13.150 millones en cotizaciones, es decir, dinero público.
Aunque sean asociaciones de empresarios, las mutuas son parte del sistema de la Seguridad Social. Por eso, los interventores del organismo auditan cada año sus cuentas. En esos exámenes, como muestra la documentación a la que ha tenido acceso este diario, fue donde los auditores han hallado esos gastos que no se ajustan a la norma y que las mutuas deben devolver. Los desembolsos van desde la compra de obsequios de Navidad al pago de “eventos y servicios de restauración”, pasando por “exceso de retribución del gerente”, para los que no se puede usar dinero público.
Las reclamaciones más cuantiosas llegan por pago indebido a colaboradores externos, que muchas veces son a su vez agentes de seguros. Está prohibido que las mutuas tengan actividad comercial, es decir, captar afiliados. Los pagos demuestran que sí hacían esa actividad. También hay reclamaciones por retribuciones excesivas a otros colaboradores con los que sí pueden trabajar.
Dinero público gastado sin justificación
Las decenas de resoluciones de la Seguridad Social —en total, más de 600 páginas— permiten entrar al detalle de los gastos que los auditores censuran a las mutuas. Fraternidad, por ejemplo, gastó 152.482 euros en pagar un alquiler de un local que “ha permanecido vacío e inutilizado”. La Mutua Gallega empleó 371.554 euros en alquileres “por locales sin uso y su mantenimiento”.
Fraternidad abonó 12.967 euros en “dos viajes a Argentina realizados por el director gerente” que la Seguridad Social ordenó devolver. Uno de los mayores gastos irregulares de esta mutua (2,8 millones) fue por el control de las bajas “cuya realización no ha quedado acreditada”. Egarsat pagó taxis “insuficientemente justificados”. Varias mutuas usaron dinero público para pagar los honorarios del despacho de abogados que les defendió de una denuncia.
Desde que finaliza un ejercicio, se audita y la Seguridad Social emite la reclamación definitiva, pueden pasar tres o cuatro años. Las mutuas recurren por sistema a la Audiencia Nacional, lo que dilata el proceso de devolución aún más. Por ejemplo, el Ministerio de Empleo exigió a Fremap en 2012 que le devolviera 10,7 millones por gastos irregulares de 2006. La mutua impugnó la reclamación sobre 8,5 de esos 10,7 millones. La Audiencia estimó una parte pequeña, y Fremap recurrió al Supremo. El fallo definitivo llegó en junio de 2016 y dejó intacta gran parte de la reclamación de la Seguridad Social. EL PAÍS intentó recabar la versión de Fremap, sin éxito.
La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) asegura que en el periodo analizado la Administración “quiso asemejar a asociaciones de empresarios al sector público y fue reclamando ciertas cosas que creía que no tenían que haberse realizado”. “A día de hoy, todo está totalmente regularizado y se cumple al pie de la letra cada uno de los mandatos de la Administración. En aquel momento las cosas no estaban claras; ahora todos los informes de auditoría del Tribunal de Cuentas y de la Intervención están aceptados y sin problemas”, asegura un portavoz.
El análisis de más de un centenar de resoluciones revela que Fremap fue la que incurrió en más gastos irregulares (43,5 millones). Por ejemplo, en sus cuentas de 2008, los auditores públicos hallaron gastos en marisco, como desveló este diario en 2014. En la clasificación por volumen de dinero gastado irregularmente también está Mutua Universal, con 23,5 millones de euros; Fraternidad, con 20,1 millones; Asepeyo, con 10,6 millones, e Ibermutuamur, con 9,8 millones.
Diferencias de criterio
Universal, cuya antigua cúpula está pendiente de un juicio por un fraude de 200 millones, asegura que los ajustes de estos años “tienen su origen en discrepancias de criterio” entre la Seguridad Social. Fraternidad, por su parte, precisa que ya hay fallos firmes en las reclamaciones que van de 2006 a 2009 y que la cantidad se habría reducido de 19,8 millones a 11,5 millones.
Asepeyo asegura que muchas de las cantidades que les reclama la Seguridad Social están “pendientes de resolución, reclamación o en los tribunales”. Su jefe de auditoría explica que en 2006 y 2007, años que tienen reclamaciones de 3 y 3,6 millones, respectivamente, el grueso se debe a indemnizaciones por despido de trabajadores prejubilados “que suponían un ahorro, para la mutua y para la Seguridad Social”. La Audiencia Nacional aceptó este argumento para 2006 y redujo la devolución a 1,1 millones. No lo vio así para 2007.
Buena parte de lo reclamado a Ibermutuamur corresponde a pagos a colaboradores. La mutua se escuda en una diferencia de criterio: “Las mutuas se guiaron por el Registro Público de la Dirección General de Seguros para excluir a los colaboradores que tuvieran la condición de agentes de seguros. La Seguridad Social, por su parte, decidió aplicar un criterio más extensivo, la clasificación de su inscripción fiscal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)”.
MC Mutual explica que algunas de las cantidades reclamadas se vieron reducidas tras ir a juicio y llegar a sentencia firme. En 2006, por ejemplo, los tribunales redujeron un 9,5% las cantidades irregulares. En 2007, un 26,7%, y en 2008, casi a la mitad.
El volumen de reclamaciones no se corresponde con el tamaño de las mutuas. En el caso de Fremap sí hay correspondencia, es la más grande, gestiona unos 2.600 millones al año y da cobertura a más de cuatro millones de trabajadores, y es la que tiene reclamaciones más altas. Pero la segunda es la catalana Asepeyo, que en 2015 gestionaba más de 1.800 millones, y aparece en cuarto lugar.
Fuente: EL PAIS