Introducción

El desempeño de nuestro trabajo en condiciones adecuadas de seguridad y salud es un derecho que nos reconoce la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), lo que supone un correlativo deber del Rector de garantizar que esas condiciones sean dadas.
La seguridad (ausencia de accidentes) y la salud(ausencia de enfermedades profesionales) en el trabajo puede ser garantizada de manera razonablemente aceptable, pues nunca podrá ser absoluta, mediante el estricto cumplimento de la Ley de PRL y la extensa normativa que la desarrolla.
En nuestra universidad a día de hoy, el grado de cumplimiento de la legislación en PRL es lamentablemente bajo, lo que resulta inconcebible después de 17 años de vigencia de la normativa básica en PRL, de modo que nuestra labor como delegados de prevención está centrada principalmente en exigir y vigilar que esas normas se cumplan. Aquí te iremos informando de nuestro trabajo, y de manera especial el que desarrollamos en el órgano específico de representación y discusión en materia de PRL como es el Comité de Seguridad y Salud.

8 de junio de 2017

La fiscalía archiva la denuncia contra el exrector Domènech y sus gerentes

Como podrás recordar en nuestra entrada en éste Blog de fecha 4/octubre/2016, el 30 de septiembre pasado presentamos ante la Fiscalía provincial denuncia contra el exrector D. Eduardo Domènech y sus gerentes D. Francisco Calero y D. Justo Artíles por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, debido al incumplimiento del art. 20 de la Ley de prevención de riesgos laborales que hace referencia  a las medidas de emergencia de las que deben dotarse los centros de trabajo para afrontar adecuadamente las posibles situaciones de peligro que pudieran requerir la evacuación del  lugar de trabajo.
La Fiscalía, después de abrir expediente y realizar diversas diligencias a lo largo de estos  meses, nos comunica que archiva el expediente al entender que de las diligencias realizadas no se deduce la existencia de ilícito penal.
Se archiva el caso a pesar de que se  constata, así lo  dice el decreto emitido por la fiscalía, como incuestionable la vulneración de normas de prevención de riesgos laborales en la Universidad de La Laguna. Sin querer entrar en un debate jurídico, para el que no nos sentimos competentes, no nos parece bueno para el presente y futuro de éstos derechos de los trabajadores la sensación de impunidad que puede generar este tipo de resoluciones de la fiscalía en los responsables de gestionar la empresa pública.
De todos modos, el fiscal le hace una seria advertencia a los responsables actuales sobre sus  obligaciones respecto a la normativa de autoprotección, recordándoles que la Inspección de Trabajo les ha fijado el 30 de junio de 2017 como plazo máximo para la implantación de los planes de emergencia y autoprotección en todos los Centros y la aprobación prioritaria por el Consejo de Gobierno del 'Plan General de Actuación de Emergencias'.
Estaremos atentos a ello.

Salud compañer@s.

22 de mayo de 2017

Nuestra salud como trabajadores está en manos de estas asociaciones de empresarios



Empleo exigió a las mutuas 142 millones por gastos irregulares de 2006 a 2011
Las entidades aducen diferencias de criterio con la Seguridad Social
Dietas no permitidas, pagos ilegales a colaboradores, despidos de trabajadores a punto de jubilarse, marisco, alquileres sin justificar… Estos son algunos de los conceptos por los que la Seguridad Social reclamó a las mutuas de accidentes laborales la devolución de 142,4 millones de euros de dinero público en seis años, según las resoluciones de la Seguridad Social entre 2006 y 2011, a las que ha tenido acceso EL PAÍS.
 Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social son, sobre el papel, asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro. Se encargan de la atención de los trabajadores accidentados y de las enfermedades profesionales, para lo que reciben el dinero que recauda la Seguridad Social en forma de cotizaciones. Entre las 20 mutuas existentes —hubo más que han ido fusionándose—, gestionan este año 13.150 millones en cotizaciones, es decir, dinero público.
Aunque sean asociaciones de empresarios, las mutuas son parte del sistema de la Seguridad Social. Por eso, los interventores del organismo auditan cada año sus cuentas. En esos exámenes, como muestra la documentación a la que ha tenido acceso este diario, fue donde los auditores han hallado esos gastos que no se ajustan a la norma y que las mutuas deben devolver. Los desembolsos van desde la compra de obsequios de Navidad al pago de “eventos y servicios de restauración”, pasando por “exceso de retribución del gerente”, para los que no se puede usar dinero público.